LA REFORMA PENAL CONTIENE NUEVAS MEDIDAS QUE AFECTAN DE LLENO A LAS EMPRESAS

El 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal y aunque una de las medidas más polémicas ha sido la de la instauración de la prisión permanente revisable, el nuevo texto introduce también toda una serie de medidas que deberán tener en cuenta las empresas.

Entre las claves de esta reforma, en lo que dice relación con las empresas, podemos citar las siguientes:

 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis, ter, quater y quinquies)

Recordemos que el artículo 31 bis del Código Penal (añadido por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010) establece que cualquier persona jurídica, incluidas las Sociedades mercantiles Estatales, pueden ser sujetos responsables.

 

Con la reforma que acaba de entrar en vigor, se limita la responsabilidad a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de supervisión sobre los trabajadores en la empresa sea de carácter “grave”.

 

En caso de que la empresa disponga de un programa de prevención (conocido como compliance penal), que reduzca el riesgo de comisión de delitos, puede quedar exenta de responsabilidad penal.  Para ello se prevé que haya un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado (compliance officer).

 

El régimen de responsabilidad se extiende a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

 

Administración desleal y apropiación indebida (Artículos 252 a 254 CP)

La reforma delimita con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida.

 

La administración desleal se desplaza desde los delitos societarios a los patrimoniales, porque es un delito contra el patrimonio, no sólo societario, al entenderse que la víctima puede ser cualquiera y no sólo una empresa.

 

También se diferencia entre apropiación con quebranto de la relación de confianza con el propietario y la estafa.

 

Se incluye asimismo una nueva tipificación de la malversación de fondos públicos como un supuesto de administración desleal.

 

Insolvencias punibles y frustración de la ejecución(Artículos 257 a 260, 263 a 266, y 268 CP)

Se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución de deudas (relacionadas normalmente con el alzamiento de bienes) y los delitos de insolvencia o bancarrota.

 

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, vinculado a la situación de crisis y perseguible sólo cuando se declara el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos.

 

Además, se prevé un nuevo tipo agravado para los supuestos en los que se causan perjuicios económicos de especial gravedad, o en los que la mayor parte del crédito defraudado corresponde a deudas frente a Hacienda y la Seguridad Social.

 

Propiedad intelectual (Artículos 270,271, 274 CP)

Se endurecen las penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual, del máximo actual de dos años a los cuatro años. Y se reducen las condenas para los supuestos de distribución ambulante u ocasional.

 

También se tipifican expresamente infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios, como la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas sin la autorización de los titulares de los derechos. En este sentido, se sustituye el elemento subjetivo “ánimo de lucro” por el de “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”.

 

Corrupción en los negocios y en la Administración(Artículos 286 bis, ter, quater, 288, 304 bis y 304 ter, 306, 308 bis CP)

Se pretende garantizar la aplicación de estos delitos en todos los casos en los que mediante el pago de sobornos, en beneficio propio o de terceros, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas.

 

Se incluye un tipo agravado para los casos de corrupción en los negocios de especial trascendencia.

 

Además, los condenados a penas de cárcel por delitos contra la Administración pública, cuando se haya acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, no podrán acceder a la libertad condicional sin la correspondiente reparación económica.

 

Asimismo, se crea un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

 

Se introduce un aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 

Debemos tener en cuenta que la normativa actual incluye a las personas jurídicas entre sujetos susceptibles de cometer delitos, al margen de las personas físicas que las integren. Es por ello que las empresas y sus representantes legales deben cumplir con la obligación de establecer los debidos controles sobre su actividad y empleados, si no quieren verse expuestos a serias consecuencias.

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