El Gobierno se ve obligado a modificar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Debido a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, sobre la discriminación que sufren los no residentes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España, el Gobierno ha tenido que tomar medidas para eliminar esta discriminación.
En la tramitación en el Congreso de una ley de reforma de varias Leyes fiscales (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, Impuesto a la Renta de los No Residentes), se ha introducido una enmienda por medio de la cual se añade una Disposición Adicional Tercera, por la que se modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La norma está previsto que se apruebe antes de fin de año.
La ley establecerá que a los no residentes en España que sean residentes en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE), les será aplicable la normativa autonómica al liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en lugar de la normativa estatal como ocurría hasta ahora.
De esta forma se equiparará a los no residentes respecto de los residentes y en especial establece:
– La aplicación de los residentes en el Espacio Económico Europeo (los 28 miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega).
– Los no residentes tendrán la opción de aplicar la norma estatal o la de la comunidad autónoma, si esta última es más favorable.
– Define los denominados “puntos de conexión” entre un “no residente” y el territorio de una Comunidad Autónoma, para determinar la legislación autonómica que puede aplicar a efectos del Impuesto sobre Sucesiones
Los “puntos de conexión” o de vinculación entre un “no residente” y una Comunidad Autónoma a efectos del impuesto sobre sucesiones son:
– si el causante no fuese residente en España: en la Comunidad donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos de la herencia situados en España.
– Si el causante fuese residente en España: en la Comunidad Autónoma donde fuese residente.
Es así como se van dando pasos en la eliminación de esta discriminación y el cumplimiento de la normativa europea, conforme a lo resuelto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.